Nos cuentan que es inevitable realizar recortes en el Sistema Sanitario Público porque no hay dinero para financiarlo, y sin embargo vemos como se invierten decenas, centenares de miles de millones de euros en la banca privada, que por supuesto no tiene finalidad social alguna.
Nuestro sistema Sanitario Público es de los más eficientes y eficaces del mundo occidental. El gasto total sobre el PIB en sanidad en el Estado Español es de los más bajos de la UE, 8,4%, cuando la media de la eurozona es del 9,6%. Lo mismo ocurre con el gasto expresado en cifras absolutas, 1.492 € por habitante y año, media estatal, cuando en Alemania se gastan 2.393 € o en Francia 2.553 €, a pesar de tener un sistema aquí, hasta ahora, de carácter universal.
Las reformas contenidas en el Real Decreto Ley 16/2012 de 20 de Abril, tienen dos principales consecuencias: el cambio de Modelo Sanitario y el impulso de las privatizaciones, con todo lo que de ello se deriva.
El Real Decreto Ley señalado, supone el abandono del modelo del Sistema Nacional de Salud que la Ley General de Sanidad de 1986 consagraba, para volver al viejo y de triste recuerdo modelo de Seguridad Social, vigente durante los años sesenta y setenta del pasado siglo, en el que la Atención Primaria era inexistente, la atención hospitalaria estaba fraccionada, desarticulada y con unos niveles de heterogeneidad propios de un país tercermundista. Similares cuestiones podríamos decir de la enseñanza postgrado en las profesiones sanitarias.
El impulso a las privatizaciones es otra de las patas sobre las que pretende caminar la contrarreforma sanitaria del gobierno. Privatizaciones que se realizan a través de diferentes vías: mediante concesiones a empresas privadas de la gestión de cada vez más hospitales públicos, conciertos para determinadas actividades quirúrgicas o diagnosticas con entidades privadas, o mediante la privatización directa de determinados servicios en hospitales públicos… en no pocas ocasiones a empresas con vínculos políticos o familiares de tipo clientelar.
Cualquiera de estas medidas supone una mercantilización de la salud para beneficio de la empresa privada y perjuicio de la mayoría de la población, siendo ésta, es decir nosotr@s, los que de una forma directa o indirecta, lo acabamos costeando.
Todo ello trae graves repercusiones sobre la atención sanitaria de la población en general: Alargamiento de las listas de espera, repagos, recortes de las prestaciones, exclusión de amplios sectores de la población de la asistencia sanitaria. Precarización laboral de los trabajadores y trabajadores de la salud. Deterioro de la capacidad investigadora y formadora del sistema.
Con la vuelta al modelo de Seguridad Social, solo tendrán derecho a asistencia los que reúnan el requisito de asegurado o asegurada, cientos de miles, quizás millones de personas se quedarán excluidas de la atención sanitaria normalizada, con todo lo que ello supone para l@s afectad@s, pero también para el conjunto de la sociedad, al conformarse un grupo social idóneo para el desarrollo de enfermedades, especialmente enfermedades transmisibles.
La introducción del copago-repago o la exclusión de una larga lista de medicamentos o del transporte sanitario no urgente, pero de necesidad vital, como es el caso de las diálisis, quimioterapia o radioterapia…, dificultarán o harán inaccesible el acceso a esas prestaciones de una parte de la sociedad, como siempre que los que tienen mayores dificultades económicas.
Paradójimente el cambio de Modelo no supondrá un cambio en la forma financiación, que seguirá siendo a través de los impuestos, con lo cual se dará la contradicción evidente de que algo que financiamos entre todos sólo estará al servicio de una parte.
En las últimas semanas en el caso de nuestra Comunidad estamos asistiendo a una serie de reestructuraciones de personal y de cierre de Centros de Atención Continuada – Urgencias, realizados sin una planificación y estudio adecuado, que suponen una tremenda y terrible merma asistencial especialmente en determinadas zonas del medio rural que, por su lejanía de centro hospitalarios y/o por sus características geográficas, ponen en riesgo la salud y la vida de la población afectada.
Queremos desmentir con rotundidad algunos de los innumerables tópicos que utilizan desde el Gobierno para justificar su contrarreforma a través de la manipulación.
- Gastamos mucho en sanidad y no nos lo podemos permitir = FALSO
- El copago ahorra = FALSO
- Los seguros privados son la alternativa = FALSO
- Las personas inmigrantes saturan las consultas = FALSO
- No hay dinero suficiente para mantener la sanidad pública = FALSO
- Con las reformas las personas más vulnerables tendrán mejor atención = FALSO
- Abusamos de los servicios sanitarios = FALSO
- La empresa privada es más eficaz y barata que la administración pública para gestionar los servicios de salud = FALSO
Sin embargo queremos destacar como un auténtico y grave problema, del que curiosamente no nos hablan, que sí que habría que resolver urgentemente, cual es el de la falta de transparencia en la gestión del Sistema Sanitario, así como su brutal burocratización con una hipertrofia de puestos administrativos y un abuso hasta lo increíble de las comisiones de servicios, por poner sólo dos ejemplos de entre los muchos que podemos encontrarnos.
«De todas la formas de desigualdad, la injusticia en la Atención Sanitaria es la más espantosa e inhumana» (Martín Luther King. Jr.)
