MANIFIESTO DEL
PARTIDO COMUNISTA DE ESPAÑA ANTE EL 14 DE ABRIL DE 2012
El próximo 14 de Abril conmemoramos el 81 aniversario de
la proclamación de la II Republica. Lo hacemos en unos momentos de recortes en
los derechos sociales y de limitación de las libertades colectivas e
individuales nunca antes conocidos tanto por su profundidad como por el corto
espacio de tiempo en que se están produciendo.
Las políticas neoliberales aplicadas primero por el
gobierno de Zapatero y ahora por el del PP, al servicio ambos de los intereses
del capital financiero y especulativo, han profundizado la crisis económica y
empeorado las condiciones de vida de las gentes trabajadoras creando una
situación sin precedentes en cuanto a desempleo, precariedad laboral, aumento de
la pobreza y de la exclusión social.
Las reformas que se están implementando, con la excusa de
la salida de la crisis, pretenden cambiar el modelo de relaciones sociales que
conocíamos hasta ahora y acabar con el estado social y de derecho que era la
base de las democracias occidentales desde el fin de la segunda guerra mundial.
La pérdida de derechos laborales y sociales, la privatización de servicios
públicos esenciales puestas en práctica con las dos últimas reformas laborales y
otras medidas del gobierno nos llevan a un nuevo modelo de relaciones sociales
donde prima la “ley del más fuerte”, el ideal del liberalismo político. A esta
peligrosa deriva social se une la descarada intromisión del capitalismo
transnacional en la soberanía nacional. El chantaje de los “mercados” a los
países europeos, especulando primero con la deuda pública, imponiendo luego
condiciones draconianas para su pago y gobiernos tecnocráticos para su
cumplimiento junto a la sumisión a los mismos del conjunto de los gobiernos
europeos y de la UE ponen también en peligro el propio régimen democrático tal y
cómo lo hemos venido conociendo.
La última reforma de la Constitución del 78 ha
constitucionalizado al neoliberalismo al poner por encima de cualquier
consideración el pago de la deuda externa, la sumisión a los “mercados”, con
ello, las fuerzas al servicio del capital financiero especulativo han dinamitado
el pacto constitucional y convertido en papel mojado el estado social y de
derecho que proclama dicha Constitución.
Una ruptura política pero también social, especialmente
social, como esta crisis permanente nos esta demostrando. El actual marco
jurídico, político y administrativo sustenta y posibilita el que las clases
trabajadoras somos ahora más pobres y las clases dominantes más
ricas.
Esto significa hoy la imposibilidad de encontrar un empleo
digno, una vivienda y emanciparse, menos servicios sociales, deterioro de la
educación y la sanidad... , significa un retroceso sin precedentes en derechos
sociales, laborales y políticos, un cambio de régimen que nos retrotrae al siglo
XIX.
La juventud sabe especialmente bien de que estamos
hablando y por eso están empezando a protagonizar movilizaciones ante la
ausencia de un futuro medianamente certero. Sus vidas están condenadas a la
precarización y la explotación y nadie les habla de que la situación va a
mejorar. Más bien al contrario.
El Partido Comunista de España no se resigna, no acepta
como irremediable el actual estado de las cosas y estamos convencidos que
conectamos con la mayoría de la sociedad cuando decimos que la crisis no puede
recaer en las espaldas de los más débiles, el resultado de las pasadas
elecciones andaluzas y asturianas, el éxito de la Huelga General nos muestran el
camino: la movilización y la resistencia son nuestras armas, por eso desde el
PCE venimos proponiendo una salida social y democrática anticapitalista a la
crisis que construya en torno a ella un bloque social mayoritario que permita
una salida de la crisis que ponga la economía al servicio de las personas
trabajadoras y no al del capital, que recupere y profundice derechos en vez de
eliminarlos, que priorice la
creación de empleo estable y de calidad y no el pago de la “deuda”.
A principios del siglo XX la idea de la República
significaba para los trabajadores y trabajadoras un régimen que reconocería
derechos laborales, sociales y políticos y que mejoraría sus condiciones de
vida, su proclamación en 1931 y la Constitución que aprobaron las Cortes
confirmaron sus esperanzas. La II República española, una república de
trabajadores y trabajadoras, fue destruida por las clases dominantes por
atreverse a intentar acabar con los privilegios de unos pocos para poner la
economía al servicio del ser humano, de las mayorías sociales.
Hoy, a principios del siglo XXI La Republica de España
vuelve a ser la respuesta en positivo, la respuesta ilusionante, la manera
democrática de constitucionalizar la justicia social y el reparto equitativo de
la riqueza. La Republica de España debe ser la solución al empleo, a los
desahucios y al dominio de la banca sin escrúpulos entre otras cuestiones que
hoy angustian a millones de españoles.
Somos una tierra de recursos y gente trabajadora. España
es rica pero desigual, muy desigual, baste decir que las grandes empresas
defraudan cada año 62.480 Millones de euros ¡cada año! En comparación cabe decir
que el primer gran recorte de Rajoy ha sido de unos 14.000 Millones. Hay dinero,
hay riqueza, hay posibilidades, pero están muy mal repartidas y
dirigidas.
Pan, trabajo y libertad pedíamos en el proceso
constituyente que concluyó con el texto de 1978 que estableció la Monarquía
Parlamentaria. Esas mismas cuestiones son las que hoy nos apremian a alumbrar un
nuevo proceso constituyente hacia la III Republica de España, que va a
posibilitar una Jefatura democrática del Estado pero que, sobre todo, está
llamada a acortar la brecha social entre ricos y pobres, a restablecer los
derechos que nos están robando y a constitucionalizar otros nuevos que también
reivindicamos.
En ese proceso constituyente ya trabajamos multitud de
colectivos y organizaciones republicanas como pudimos ver recientemente en el
encuentro republicano celebrado en Madrid el pasado 21 de enero y en el cual se
constituyo la Junta Estatal Republicana.
Llegamos también a este aniversario de la proclamación
republicana en España con una Casa Real en sus momentos más débiles. Hasta tal
punto esto es así que se han visto obligados a dar a conocer por primera vez el
destino de la cantidad de libre disposición que contemplan los Presupuestos
Generales del Estado para la Jefatura del mismo.
A esto hemos llegado no por dignidad democrática, no por
presión popular a pesar de las miles de firmas de ciudadanos que pedían
transparencia en las cuentas públicas. Hemos llegado a esto porque la sombra de
la corrupción ha aparecido, públicamente por primera vez, en la Casa
Real.
Este asunto ha puesto el foco en situaciones que antes
pasaban más desapercibidas como los dos millones de euros que nos cuesta
mantener el complejo de Marivent para que la Familia Real pase sus vacaciones.
El caso Urdangarín, que no hay que olvidar que es una pieza del caso
“Palmarena”, va a hacer que se sea menos condescendiente socialmente con los
despilfarros de la Monarquía y su entorno y ha abierto interrogantes que
precisan respuesta.
Más allá de la condena o no del personaje, está en juego
el Estado de Derecho y la dignidad de una institución que se supone está al
servicio de España. En este sentido es muy conveniente saber si el Rey intentó
tapar los presuntos actos delictivos de su yerno cuando lo envío a EE.UU. como
también sería bueno conocer si todos o algunos de los miembros de la Familia
tienen cuentas en el extranjero y, por supuesto, de dónde provienen esos
ingresos de esas cuentas.
Cada 14 de Abril los demócratas españoles tenemos una
obligación de merecido homenaje a aquellos que defendieron la democracia frente
al golpe de Estado de 1936. Los que la defendieron antes del golpe, los que lo
hicieron durante el mismo y aquéllos y aquéllas que lucharon por la democracia
en los 40 años de dictadura y entre ellos y ellas, especialmente a los miles de
comunistas que perdieron sus vidas o parte de ellas en los muros de los
cementerios, en las cunetas, en los frentes de batalla de Europa, en los campos
de exterminio nazis y en las cárceles franquistas.
Sin embargo, esto no será posible si miles de ellos y
ellas siguen “desaparecidos” en cunetas y fosas indignas. Mientras que el Estado
no asuma su responsabilidad, no cumpla con los convenios y tratados
internacionales, por uno de los mayores genocidios de la historia contemporánea,
no podremos pasar esa página de la historia, desde aquí seguimos exigiendo,
verdad, justicia y reparación.
El Partido Comunista de España rechaza la sentencia del
Tribunal Supremo en todos aquellos extremos que no se refieran a lo que
realmente estaban juzgando y para lo que se han establecido las oportunas
garantías procesales, es decir, no consideramos competente a ese tribunal para
juzgar los crímenes de la dictadura porque no ha puesto en marcha los mecanismos
que marca la propia Ley para Juzgarlos. Estos son los correspondientes derechos
de las victimas para personarse y dar su opinión sobre el proceso y los asuntos
que se juzgan.
Ningún tribunal está legitimado para emitir sentencia
alguna sin seguir un procedimiento que garantice los derechos procesales de las
victimas. Dicho más claro, el citado tribunal no puede dictaminar, como ha
hecho, que los crímenes del
franquismo no son considerados delitos contra la humanidad sencillamente porque
no estaba juzgando eso. Este tribunal se ha extralimitado conscientemente de
aquello que estaba juzgando y para lo que había establecido los mecanismos
garantistas de nuestro ordenamiento jurídico.
Las autoridades judiciales debieran actuar ante tal
tropelía pero mucho nos tememos que no va a ser así. De ahí que hayamos decidido
obviar todos aquellos extremos de la sentencia que no se refieran al asunto
juzgado, la prevaricación o no del Sr. Garzón al investigar los crímenes del
franquismo.
Seguimos pidiendo tutela judicial para aquéllos y aquéllas
que fueron asesinados y enterrados en fosas comunes, seguiremos intentando la
reparación judicial y a todos los efectos de los que fueron juzgados y
asesinados tras juicios sumarísimos, y continuaremos buscando la manera de que
los crímenes del franquismo sean considerados como lo que realmente son, delitos
contra la humanidad y por lo tanto, siguiendo la doctrina del propio Supremo,
delitos que deben ser conocidos, perseguidos y condenados por parte de los
Tribunales de Justicia.
No olvidamos a los héroes de la democracia en este nuevo
14 de Abril, les rendimos el sentido homenaje que merecen y que en muchas
ocasiones les han negado instituciones y partidos que se reclaman
democráticos.
Sin duda la necesidad de abrir el proceso constituyente
republicano está más extendido hoy que cuando hace un año celebramos el 80
aniversario. El empobrecimiento de la población, la falta de futuro y la
reducción de servicios que creíamos para toda la vida están acrecentando esa
necesidad. La Republica que viene es el marco económico, social, político,
cultural e institucional del que los ciudadanos y ciudadanas se dotan libremente
y por el que se consienten para afrontar los problemas y sus soluciones. Es la
respuesta a la injusticia y el desequilibrio social.
Es momento de unir esfuerzos en la idea común de la
apertura del proceso constituyente republicano, a esa tarea nos vamos a entregar
los comunistas y a esa tarea animamos a todos y a todas.